Vía penal contra Saracho, la opción elegida por 7.000 accionistas del Popular

Los accionistas minoritarios de Banco Popular se organizan en grandes grupos para tratar de recuperar al menos una parte de su inversión. La vía penal cobra fuerza para quererllarse contra el ex presidente Emilio Saracho.
Según asegura el despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo, representante de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. AEMEC, la demanda suma cerca de 7.000 pequeños accionistas que acusan al ex banquero de JP Morgan de “administración temeraria”. La falta de toma de decisiones para establecer una estrategia y evitar que el Popular cayera en causa de resolución es el principal motivo, pero también lo son sus declaraciones inconcretas sobre una posible ampliación de capital. Y es que, Saracho anunció esta operación de calado sin dar detalles sobre su importe, una fecha ni tampoco el motivo por el que se debería realizar. Es decir, un caso único en una empresa que se dice seria y que cotiza en el índice bursátil más importante de España.
Asimismo, se tratará de impugnar la resolución europea, por la que el Banco Popular dejó de existir tras 91 años de historia, y fue vendido después por un euro al Banco Santander.
“Los que tengan la responsabilidad deben responder ante los pequeños accionistas. Tenemos la convicción de que ésta es la estrategia adecuada y tenemos la experiencia para resolver este tipo de casos”, ha asegurado Javier Cremades, secretario general de la asociación, durante la asamblea de este jueves en Barcelona. “Estamos convencidos de que es un caso que vamos a ganar”, ha asegurado.
Estos miles de pequeños ahorradores que invirtieron en Popular no descartan un acuerdo con Banco Santander para evitar pleitos. La entidad presidida por Ana Botín afirmó el mismo día de la resolución del Popular que habían realizado provisiones ante posibles demandas.
“No vamos contra el Santander, que sólo se aprovechó de la situación”, ha afirmado Cremades. Mientras tanto cerca de 305.000 accionistas junto con los bonistas de la deuda de mayor riesgo perdieron toda su inversión en una operación en la que se denuncia falta de transparencia.