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Esto último, principalmente a través de beneficios impositivos y la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE). La legislación también alcanza a los sistemas de financiamiento colectivo (crowdfunding), designando a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como autoridad de control, reglamentación, fiscalización y aplicación para estas plataformas.La cocina
Los antecedentes de la ley se remontan hasta tres o cuatro años atrás, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó, a través de la Fundación Pensar —el think tank del Pro— una mesa de trabajo para desarrollar un programa de políticas públicas en la materia. Liderado por Mariano Mayer, actual secretario de Emprendedores y Pyme del Ministerio de Producción de la Nación, el grupo fue integrado, entre otros, por Manuel Tanoira, hoy director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), el empresario Facundo Garretón—hoy diputado nacional del PRO por la provincia de Tucumán—y Paula Forteza—electa diputada de la Asamblea Nacional de Francia en junio pasado—.Leer más: ¿Qué ciudades tienen más startups tech? (No son las que pensás)
Tanoira explica que del trabajo de esa mesa surgió el plan Argentina Emprende, que se está implementando hoy a escala nacional. “En ese momento nace ASEA, y como primera política pública proponemos el dictado de esta Ley de Emprendedores, consensuada con el equipo que llevaba Mayer en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez terminada de ajustar la normativa durante el año 2016, remitimos el proyecto de ley en el Congreso, ya tomada por el Ejecutivo.”De acuerdo con Mayer, el proyecto “se trabajó con el resto de las fuerzas políticas muy bien, alcanzando un buen consenso en Diputados. Se hicieron sugerencias interesantes por parte de otras fuerzas políticas que se fueron incorporando. Había interés en que quede clara la vocación federal de la Ley y de apoyar ecosistemas emprendedores en todo el país. Así se ideó también un Consejo Federal Emprendedor que está terminando de conformarse y va a salir con la reglamentación de la ley. Otro tema planteado fue darle carácter de ley al programa del Fondo Semilla e integrarlo con el FONDCE”.
Retos de emprender
Tanoira refiere que, en la Argentina, el primer problema de un emprendimiento es el nacimiento. “En la mayoría de las provincias, constituir una sociedad sigue tardando un plazo de nueve a 12 meses promedio; ni qué hablar con el CUIT y la cuenta bancaria. Y el costo que tiene eso, para un emprendedor en el interior, ronda los $ 35.000 en total. Con esa barrera burocrática, los emprendedores se volcaban a sociedades irregulares, generaba unas contingencias tremendas.” La otra pata floja es el acceso a financiación.“El país no tiene cultura inversora. Los empresarios argentinos no están acostumbrados al largo plazo; las aceleradoras cubren la base de la pirámide pero no la necesidad de fondeo cuando se quiere expandir el negocio y se genera el verdadero empleo. El nivel de inversión de la Argentina de Venture Capital versus el PBI es bajo.” En este sentido, Lorena Suárez, Country Manager de Wayra —la aceleradora de Grupo Telefónica— señala que “el tamaño del capital disponible para los emprendedores en toda América latina es 200 veces más pequeño que en los Estados Unidos y 20 veces más que en Europa. Es un ecosistema joven y todavía no hay tanta cantidad de instituciones de capital emprendedor que inviertan en serie A”.
“El proyecto se trabajó muy bien con todas las fuerzas políticas. Se hicieron sugerencias interesantes que se sumaron a la ley.”
—Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pyme del Ministerio de Producción de la Nación.
En el tintero
Además del acceso a la financiación y la burocracia, Tanoira considera que hay otros aspectos que limitan el desarrollo emprendedor en la Argentina. Uno es la cuestión impositiva, y otro, la laboral. “Creo que las Pyme deberían tener una escala gradual de Impuesto a las Ganancias. La única manera de formalizar a los emprendimientos es decirles que si se dan de alta no van a pagar el 35 por ciento de entrada como una gran corporación. Ese es el primer gran punto de la Ley que quedó fuera. El argumento fiscal es entendible.El otro punto importante es el laboral, que quedó fuera por razones obvias. Es imposible pelearse con los sindicatos en este momento. Y la posibilidad de dar acciones a los empleados, por lo que implica en términos de cargas sociales e impuestos para el empleado y empleador, también quedó fuera. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno; si no no hubiera salido nunca.”
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Según Gonzalo Suli, director de Prensa y Contenidos de Vear Experience —una startup de servicios de realidad virtual—, “las condiciones laborales afectan por partes iguales al emprendedor y al trabajador. El emprendedor tiene un gasto operativo por empleado que atenta directamente contra el salario que puede ofrecer en el mercado. A eso hay que sumar una cantidad importante de impuestos. Ese un tema bastante más relevante que los beneficios impositivos”.Acerca del financiamiento, Suli considera que la diferencia entre tener acceso o no “está entre hacer pruebas o despuntar el vicio como un hobby, o poder vivir de lo que uno trata de producir. Cuando uno se embarca en un proyecto de este tipo lo hace con mucho esfuerzo. Son ideas, voluntades y algo de capital que pueden tener inicialmente los socios pero es difícil sobrevivir hasta que comienza la cadena de trabajos y se pueda consolidar un modo de vivir de eso”.
Desde Vear Experience ven la ley como un avance muy grande a nivel actualización de normas. “La burocracia va a contramano de la tecnología. Existiendo sistemas e información no hay motivos para demorar y encarecer procesos que para los emprendimientos son innecesarios e improductivos. Invertir más en investigación y equipamiento nos permitirá ser más competitivos incluso a escala internacional.”
Próximos pasos
De acuerdo con Mayer, hacia fines de agosto la ley debería estar reglamentada y en funcionamiento. “Hay un gran desafío de implementación y en eso estamos trabajando. La parte de financiamiento que tiene la ley no es tan compleja de implementar. Pero la parte de la sociedad simplificada por acciones es un desafío enorme, porque nos hemos propuesto cambiar la forma de constituir sociedades y de manejarlas. Eso implica una integración de sistemas: el del Ministerio de Justicia, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Registro de las Personas. Y como queremos que toda la experiencia sea online, es un desafío grande”.En lo que va del año ya invirtió en 52 empresas, de acuerdo con Suárez, que explicó además que Telefónica “tiene distintos instrumentos e iniciativas para invertir y acompañar empresas de tecnología. Al mismo tiempo, hay otras iniciativas que se están desarrollando en la Argentina, como los espacios de crowdworking para trabajar con quienes quieran desarrollar ecosistemas emprendedores en el interior del país, como ocurre en La Plata, Tucumán y Santiago del Estero. Esta ley también pone a la Argentina en un contexto más favorable, donde habrá más gestores buscando armar fondos desde el país. Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre con la ley y también con la creación de nuevos fondos donde Telefónica pueda analizar alguna participación”.
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