El nuevo gobierno va por más retenciones: las financieras

El calendario de los vencimientos de los pagarés de la deuda en dólares acumulados sobre la mesa de la Administración entrante el 10 de diciembre es el siguiente:

**  US$ 48.686 millones en todo 2020, de los que US$ 15.522 millones son intereses;
**  US$ 44.953 millones en 2021;
**  US$ 46.499 millones en 2022; y
**  US$ 37.800 millones en 2023.

Para ir despejando incógnitas, como en las ecuaciones, de la tanda inicial de obligaciones financieras que hereda Alberto Fernández, unos US$15.000 millones tendrá que ver puertas adentro cómo lo enjuga, porque corresponden a  capital e intereses de títulos de deuda soberana en manos de organismos estatales como ANSeS, PAMI, Banco Nación o el Banco Central. 

De modo que, al ser el Estado Nacional deudor y acreedor a la vez, el compromiso de pago daría 0 en lo inmediato.

Y en caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF) acepten patear por 2 años lo que tienen para cobrar entre 2020 y 2021 los US$ 80.000 millones a ser reprogramados, Argentina retendría ese monto como una suerte de crédito puente virtual para el diferimiento pretendido y aplicar los excedentes de la cuenta corriente a financiar un plan de desempantanamiento de la economía, con entre un 9% y 13% de un PIB que, según cálculos de la Secretaría de Finanzas, se aproximaba a los US$ 420.000 millones al promediar 2019.

Los intereses solos el año que viene se calcularon en US$ 15.522 millones, y una de las hipótesis consistía en pasar su pago para más adelante.

La cuestión clave pasa por cuán pronto podría ser el regreso del país a los mercados voluntarios de crédito, según el grado de conformidad que tengan los prestamistas con las condiciones que se negocien. 

Será el plazo que permita recomponer el ahorro fiscal y generar activos financieros líquidos pasibles de ser cancelados sin acceso al financiamiento.

A la vez, el grado de adhesión de los mercados domésticos, como los bancos, los fondos de inversión y los particulares, será muy sensible a la confianza que inspire la nueva gestión, para la cual el grado de compulsión de las medidas que se apliquen y los perjuicios que ocasionen serán determinantes.  

El sector financiero local no cuenta. Apenas si cubre el 30% del PBI, contra el 80% que ronda en Brasil, a pesar de todos sus problemas. 

Si hay algo en lo que los argentinos están híperentrenados es en sacar los dólares, con cualquier gestión y por más controles de cambios que se implementen. 

Durante los 12 años en que gobernó el kirchnerismo (desde el 2003 hasta el 2015), se fugaron US$ 102.159 millones, la mayor parte fue durante la primera Presidencia de Cristina Kirchner: US$ 70.135 millones. La cifra similar a la que se evaporó en los 4 años de mandato del actual presidente Mauricio Macri.

La seguidilla de defaults tornó aún más difícil atraer ahorro externo y, además, ha dejado escaldados a los tenedores locales de excedentes. 

No extraña, en consecuencia, que el ahorro en Argentina esté entre uno de los más bajos del mundo, alrededor del 15% del producto. 

Y como para poder crecer se necesitan inversiones de más del 20% del PIB, sería mínimo contar con colocaciones externas de alrededor de 5% del producto. 

Hubo tiempos mejores: entre 2003 y 2010 el nivel de inversión en la Argentina alcanzó a 20,3% del PIB, superior al 19,3% de 1980-1989, al 18,4% de 1990-1998, y al 16% de 1999-2002.

El economista de USAL, Héctor Rubini, puso de relieve, en un contexto de deuda interna reperfilada, y a riesgo de ser nuevamente reperfilada, y sin crédito externo, que el Estado sólo cuenta con tres fuentes de financiamiento de corto plazo: 

** colocación forzosa de deuda en entes estatales con liquidez, 
** atraso en pagos a proveedores, asalariados, jubilados y bonistas y/o 
** emisión monetaria.

Todo indica que el Fondo Monetario Internacional acompañará el par de años de gracia con una extensión de los compromisos y la nueva directora, Kristalina Georgieva, se lo comunicó al Presidente electo en la conversación telefónica que mantuvieron el martes: “El gobierno argentino tiene que encontrar una manera de vivir dentro de las limitaciones presupuestarias, tendrán que reducir la deuda a un nivel sostenible para que puedan regresar a los mercados”, recomendó. 

Lo que no está claro es si el organismo tratará o no el desembolso pendiente de US$5.400 millones, o lo dejará cerrado en los US$44.000 ya entregados hasta ahora.

Alberto Fernández, en el comunicado que brindó tras la charla con la funcionaria de nacionalidad búlgara, descartó que vaya a someter a consideración del FMI un plan de ajuste en el gasto como el que le exigen.

Ya había dejado en claro en declaraciones a Página 12 que, antes bien, se apoyará en la recaudación de impuestos: 

"Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", sostuvo, y los productores agropecuarios se deben haber preguntado: ¿Y a nosotros por qué nos vuelven a mirar?

En el reparto interno de cargas avanza la decisión de desafectar a Vaca Muerta de los controles de cambios y de eximir de impuestos las inversiones en la explotación de hidrocarburos, con el propósito de redoblar la apuesta hacia inversiones latentes. 

Las prioridades de corto plazo de la gestión que iniciará AF serían: 

** recuperar la demanda interna, 
** combatir la pobreza extrema y el hambre, y recién entonces
** reprogramar vencimientos de la deuda pública.

Donde, el crecimiento económico es percibido como resultado de la expansión de la demanda agregada, con lo que se consideran irrelevantes la cantidad de dinero y la monetización de los déficit fiscales. 

O sea se ubica en las antípodas de la Administración Macri, que se apoyaba en la acumulación de factores, la innovación tecnológica y las mejoras en productividad y competitividad.

Reconoce como única causa de la inflación a la puja distributiva, no así que se perciben como irrelevantes.
Y acerca de una eventual dolarización, fuga de capitales o sustitución de monedas,  estima que son posibles de reprimir exitosamente con controles y sin costo alguno.

Por lo que ha podido ir viéndose, las primeras leyes que aprobará el Congreso serían las que promueven: 

** la creación de un Consejo Económico y Social, 
** el Presupuesto 2020, 
** una reforma tributaria, con énfasis en aliviar la carga impositiva a las Pymes y aumentar las retenciones a las exportaciones, 
** una Ley de Góndolas, 
** una ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas.

El proyecto de Presupuesto podría contener la gran oportunidad de desindexar el gasto antes que de cortarlo longitudinalmente, aunque quizá falten tiempo y equipos para ponerlo en práctica con la premura necesaria.

Hay partidas que se repiten en el tiempo actualizadas por inflación cuya vigencia no ha sido analizada.  

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado nacional tiene ineficiencias potenciales en el rubro de compras, en el gasto en nómina salarial y en transferencias de subsidios por un monto equivalente al 7,2% del PBI, lo cual coloca a la Argentina por encima del promedio de ineficiencia de la región, estimado en 4,4% del PBI, o unos US$220.000 millones.

Se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión. En la Unión Europea, ese rango se achica a entre el 7% y el 25%.

Peor aún, los errores en los sistemas de protección social abarcan entre el 2% y el 5% del total del gasto público en estas transferencias. En resumidas cuentas, una parte de los fondos de un programa de protección social no llega a los pobres o beneficiarios.