El transporte marítimo y fluvial corre peligro ante una
nueva disposición del Banco Central. Empresarios navieros describen como
"gravísima" la situación ante la normativa de la entidad de prohibir
giros de divisas al exterior, ya que el cabotaje nacional se compone
principalmente de buques extranjeros, que con este fallo no podrán ser
alquilados y por ende los navieros deberán prescindir de sus servicios. De
detenerse el comercio exterior, el Estado sufrirá perjuicios económicos sin
precedentes en tiempos de "vacas flacas". Si no es por una
retribución a los trabajadores del sector, que podrían demandar millones, lo
será por el fin de la actividad.
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Empresarios navieros describen
como "gravísima" la situación del transporte marítimo y fluvial ante
la nueva normativa del Banco Central de prohibir giros de divisas al
exterior, ya que el cabotaje nacional se compone principalmente de buques
extranjeros, que con este fallo no podrán ser alquilados y por ende los
navieros deberán prescindir de sus servicios. De detenerse el comercio
exterior, el Estado deberá sufrir perjuicios económicos sin precedentes en
tiempos de "vacas flacas".
Desde la Liga Naval Argentina
sostienen que el problema es gravísimo y se necesita una solución
de carácter urgente. La asociación afirma que con las nuevas restricciones en
materia cambiaria el BCRA imposibilita a las empresas navieras a pagar los
alquileres mensuales de buques pertenecientes a navieras extranjeras, que en
Argentina son los actores principales a la hora de prestar servicio en el
cabotaje nacional.
La situación es dramática. Tanto es así que uno de los referentes navieros del
país sentenció: "Estamos ante una situación extrema en la que peligra
seriamente la posibilidad de mantener estas unidades en Argentina”.
Lejos de quedarse quietos, la
industria naval y marítima se movió rápidamente y, a través de la Cámara
Naviera Argentina (CNA), envió una carta dirigida a Miguel Pesce, titular del
Banco Central.
En la misma se le pide a la
entidad que, a la hora de implementar la nueva
normativa que refiere autorizaciones y prohibiciones relacionadas
con el pago de servicios en el exterior, contemple la situación atinente a buques y artefactos navales que
se encuentran afectadas a cuestiones propias del comercio marítimo y fluvial.
En definitiva lo que le pide
al Banco Central es que no aplique esta normativa para el sector, a modo de
excepción. Además, sostienen, que "si cada pago necesita una aprobación previa del Central, la dinámica del
mercado naviero internacional, no soportaría las previsibles demoras
burocráticas locales".
En declaraciones para Infobae,
expertos en temas navales aseguraron que de cesar los pagos a los
propietarios de los buques, éstos los reclamarán y ahí sí el país que
dará virtualmente "paralizado y a oscuras".
Si esto último llegara a
consumarse, el Estado a sus problemas financieros debería agregarle uno más.
Porque marcaría lisa y llanamente un golpe de knock out para el comercio
exterior, la única fuente legítima de ingreso de divisas a la
Argentina. Un perjuicio económico que le costaría al país mucho más de lo
que marca la deuda que el gobierno dice no poder pagar.
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