BUENOS AIRES (Reuters) - Un grupo de acreedores de la provincia
argentina de Buenos Aires instó a las autoridades del distrito a
entablar “negociaciones sustantivas” para alcanzar un acuerdo por la
reestructuración de su deuda de cerca de 7.100 millones de dólares,
según un comunicado publicado el jueves.
El Gobierno provincial
extendió el plazo para renegociar la reestructuración de su deuda hasta
el 26 de mayo después de que su oferta fuera rechazada por los
acreedores por considerar que no era acorde a la “verdadera capacidad de
pago” de la provincia.
“El Comité Directivo insta a la provincia
a utilizar el tiempo adicional proporcionado por la extensión para
entablar negociaciones sustantivas que permitan alcanzar una solución
consensuada y exitosa”, dijo el grupo en el comunicado.
El
comité, que representa al 42% de tenedores de bonos por 7.148 millones
de dólares que Buenos Aires buscan reestructurar, dijo que el jueves
vence el período de gracia para el pago de intereses por 110 millones de
dólares que vencieron el 1 de mayo.
“En ausencia de
una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la
situación financiera de la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre
económica”, señalaron en el comunicado.
Un portavoz del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires declinó hacer comentarios.
La
extensión al 26 de mayo es un día después de que el Gobierno nacional
revele el resultado del canje de su propia deuda por 65.000 millones de
dólares, en una negociación que está alineada con la de la provincia.
En
medio de una fuerte recesión económica que sufre el país desde antes de
la pandemia del coronavirus, el gobernador de Buenos Aires, Axel
Kicillof, ofreció a los acreedores un período de gracia de tres años y
una quita de capital del 7%.
El
grupo de acreedores pidió el jueves a aquellos inversores que aceptaron
la oferta realizada por Buenos Aires que conserven el derecho de
revocar su consentimiento.
“Debido a que (la provincia) puede
implementar su oferta de canje pendiente sin lograr un nivel mínimo de
participación, los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento
(y no lo han revocado) corren el riesgo de recibir títulos ilíquidos y
perder ciertas protecciones legales importantes”, explicó el Comité en
el comunicado.
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