Alberto Fernández reniega de que a su Gobierno le pongan plazos. Tiene lógica: quiere escaparle al fallido objetivo del "segundo semestre" reactivador que popularizó el macrismo y que hasta se hizo "meme". Pero eso no quita que los plazos existan. Aun cuando sean impuestos puertas adentro.
El Presidente y su equipo económico creen que los próximos 80 días serán determinantes para esta primera etapa de la gestión. Una vez lanzadas las medidas de la "emergencia" -que incluyeron algunas para abordar la dinámica de los precios y otras para apostar por una recuperación del consumo-, ahora viene la etapa más financiera: la negociación de la deuda y un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional.
Hay una coincidencia con el diagnóstico de la City: son mayoría los que piensan que la suerte de la economía se juega en el corto plazo. Un rápido repaso de lo que habrá que monitorear: si la actividad económica muestra algún signo de recuperación; si la dinámica inflacionaria da cierto respiro y ofrece una señal de debilitamiento y, por último, la renegociación de la deuda.
El Gobierno ha venido trabajando en esos tres capítulos durante el primer mes de gestión. Pero lo cierto es que los resultados finales son una incógnita.
Sobre los primeros dos puntos hubo varias medidas tomadas: bonos para los jubilados que cobran la mínima, sumas fijas para los trabajadores activos, congelamiento de tarifas y boletos del transporte público y el relanzamiento de "Precios Cuidados".
También hubo señales directas hacia los mercados financieros: se endureció el cepo para cuidar los escasos dólares de las reservas netas del Banco Central y se suspendió la aplicación de la fórmula que indexa los haberes jubilatorios.
Con estas decisiones en marcha, ahora el Gobierno se dedicará de lleno al capítulo de la deuda. Avanzará en la negociación con los acreedores privados, y acelerará las conversaciones con el Fondo Monetario.
Las fuentes consultadas admiten, incluso, que Economía podría encarar un rápido acuerdo con Washington. Como en el truco, ninguno quiere que le espíen las cartas. Pero, a diferencia de otros momentos, ahora se da como posible la chance de una negociación veloz, que facilite un acuerdo con los bonistas privados.
Durante los brindis de fin de año, el ex vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, una de las personas que está más al tanto de los humores y visiones que bajan desde Washington, comentó ante un grupo de colaboradores que las nuevas autoridades del FMI podrían ser más flexibles con la Argentina en la mesa de negociación.
Es una visión compartida por otros economistas también conocedores de los movimientos en la capital estadounidense, como Daniel Marx, quien asesoró a Martín Guzmán en el tema de la deuda hasta la semana pasada.
La clave para comprender esa postura radica, precisamente, en las señales que ya envió el Ejecutivo en materia fiscal, y que se materializó en la ley de Emergencia. Sobre todo en la suspensión de la fórmula indexatoria de las jubilaciones.
Los ejercicios de varias consultoras de la City apuntan a que el rojo fiscal primario de este 2020 cerraría por debajo del 1% del PIB, con lo cual la administración Fernández mostraría un ordenamiento de las cuentas públicas inesperada, de acuerdo a las expectativas previas a la asunción.
Guzmán quiere dar pasos firmes en el tema de la deuda. Ya le dijo a su equipo que él en persona encabezará las negociaciones con los bonistas privados. Y que les quiere demostrar que su plan cierra por todos lados. Va a salirle al cruce a las voces que, desde las consultoras, exigen un plan concreto. Y no medidas sueltas.
"Todo va a ser sustentable; no vamos a dejar lugar a las dudas", se lo escucha aseverar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario