Argentina abrió ayer el año en los tribunales de Nueva York con una buena noticia. Loretta Preska desestimó la primera demanda del fondo buitre Aurelius contra el país, por el supuesto manejo de la medición del PBI en 2013 y el consecuente no pago de los dividendos del título público. Según dispuso la titular del juzgado del Segundo Distrito Sur, y que heredó el sillón de Thomas Griessa, la presentación de las pruebas de Aurelius contra el país no fueron avaladas como profundas; y, en consecuencia, desestimadas por la magistrada como fundamentos para continuar con el juicio. Preska igualmente le dio una vida más al principal demandante, y lo autorizó a hacer una nueva presentación futura para evaluar si efectivamente puede demostrar que hubo dolo en la supuesta manipulación en 2013 de los datos del PBI por parte de la Argentina. La nueva presentación será el 8 de febrero, y será la última oportunidad para el demandante para continuar con el caso.
La curiosidad del fallo de ayer, al menos para el país, es que los argumentos que utilizó la jueza para rechazar el planteo de Aurelius, se basaron en el escrito que en octubre del año pasado presentó la Procuración del Tesoro manejada en esos tiempos por el abogado salteño Bernardo Saravia Frías. En ese entonces, y con un electoralmente perdidoso gobierno de Mauricio Macri, el titular del organismo que se encarga de defender al país en los tribunales internacionales; justificó los movimientos en la medición del PBI del 2013, mientras manejaba el Ministerio de Economía Axel Kicillof; justificando la decisión de ese momento en la facultad de todo Estado de manejar sus estadísticas con libertad.
Si finalmente Aurelius no presenta más pruebas, la causa debería caerse y Argentina evitaría pagar hasta u$s3.000 millones de dólares a los tenedores del bono, que en 2013 no recibieron el pago del Cupón PBI; un título emitido por el país durante los canjes de deuda del 2006. Dentro del juicio, además de Aurelius, hay otros tres fondos que se sumaron a la presentación original, acreditando tenencias por unos u$s100 millones más, con lo que la demanda sumaba ya unos u$s800 millones. En todos los casos lo que se reclamaba la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013, siguiendo la de Aurelius y su firma cautiva uruguaya Novoriver; Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation. Todos aseguraban tener pruebas que el entonces ministerio manejado por Kicillof, y el INDEC cooptado por Guillermo Moreno intervinieron en la medición del PBI para no pagar los intereses del cupón que vencía ese año, y que le habría demandado al país la erogación de unos u$s3.000 millones.
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