(Ámbito).Los fondos de inversión y bancos internacionales,
denominados por el Gobierno “friendly”, están reviendo su postura. Si bien no
abandonarán su posición dialoguista y de plena disposición de llegar a un
acuerdo con la deuda
(dependiendo, obviamente, de la oferta final), sí plantearán más distancia en
el proceso actual de colaboración preliminar con el cronograma de vencimientos
vigente hasta el cierre del proceso de renegociación que culminaría en abril.
Las quejas de los acreedores son concretas. La protesta se basa en la falta de
contactos directos para conocer la estrategia oficial en cuanto a los pagos de
los títulos de deuda que van venciendo en 2020, y que hasta el potencial cierre
del proceso llegan a los u$s7.000 millones.
Según
los bancos y fondos, si bien no se quiere conocer la estrategia general, la
falta de comunicación sobre los movimientos financieros les estaría generando
imposibilidad de reacción en tiempo y forma ante las novedades que se van
decidiendo en el Palacio de Hacienda, con consecuentes
pérdidas financieras. El problema de estas reacciones, dicen los acreedores, es
que desde el exterior se analizan día a día estos resultados (en general, con
pérdidas por imprevisión); y se cuestiona la falta de información que los
brookers locales les envían a sus jefes directos de las sedes en Nueva York,
Londres, Madrid o donde esté ubicada la sede central.
Esta semana se mencionó como ejemplo
de la falta de comunicación, el mal resultado que el Gobierno obtuvo en el
canje del Bono Dual, del que sólo un 10% aceptó el convite oficial, ante una
propuesta considerada mala e inviable para cualquier mesa de dinero de un
acreedor competitivo. Pero a la que, además, pocos podían sumarse al haber
concretado al mismo tiempo de la indefinición por el pago del bono PB21
que finalmente el gobernador Axel Kicillof decidió liquidar en
tiempo y forma. Afirman varios de los operadores que en sus carteras convivían
el PB21 y el AF20; y, ante la posibilidad de
un default bonaerense, no podrían aceptar una oferta del Gobierno nacional sin
recibir reproches (o algo más) de las sedes centrales. Afirman estas fuentes
del mercado de capitales que este tipo de problemas se hubieran solucionado con
un mayor diálogo, tanto desde Hacienda como desde La Plata; y que la opción de
cerrarse para sorprender al mercado terminó jugándole el contra tanto a Martín
Guzmán como a Kicillof. Nuevamente, los “friendly” mencionan que hasta
hace días el diálogo era fluido y que no les debería caber el rótulo de
“sospechados”, y que, en consecuencia, no se los debería consultar.Imagen de este enojo fue la decisión del fondo
“Templeton” de no participar de la colocación del AF20, y estar en
alerta ante la estrategia que anuncie en las próximas horas Guzmán sobre cómo
enfrentará el próximo vencimiento de $95.000 millones del 13 de febrero (ver
página 3). Templeton ostenta el 23,5% del Dual, y el éxito de cualquier
movimiento en los pagos (sea canje o reperfilamiento voluntario) exige su
presencia. El hecho de haberse negado a participar (dato que, además,
el Gobierno desconocía), aceleró durante el martes pasado la mala fortuna de la
operación. El problema es que Templeton se anota en el listado de acreedores
que en los últimos cuatro años, y con pérdidas millonarias, aceptaron
participar en varias de las colocaciones de deuda (en divisas y en pesos)
durante la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del Gobierno
anterior. Y que siempre mostraron disposición de diálogo tanto con la gestión
anterior como con la actual. Se trata, además, de un viejo conocido de Alberto Fernández. En marzo del año pasado, cuando el ahora Presidente
era un embajador de buena fe de Cristina de Kirchner en sus contactos con los
acreedores tuvo reuniones para asegurarles que la deuda sería reconocida y que,
eventualmente, habría una renegociación de buena fe. Las reuniones se
realizaron en las oficinas porteñas de uno de los brokers más importantes del
país e incluyeron a Templeton, la casa de inversiones estrella que había llegado
al país en el peor momento de la crisis durante 2018, apostó al Bote y que
calcula pérdidas que superan los u$s1.000 millones. Templeton y los
otros interlocutores fueron los que pidieron aquel encuentro, suplicando para
que el meeting se mantenga en secreto y en la más absoluta discreción; y
comprometiéndose además a no divulgar lo que se dijera en esa oficina del
microcentro porteño. Luego de aquellos días, y luego de haber sido el fondo
estrella de los tiempos de Luis Caputo, Templeton se convirtió en estos tiempos
en uno de los interlocutores más fluidos con el “albertismo”.Templeton, y otros bancos internacionales, reclaman al
Gobierno que los separen de la consideración de los complicados, como Greylock,
Fidelity, BlackRock y Rowe Price, más algunas casas de inversión europeas, las
que, tal como mencionó este diario, no muestran disposición de diálogo y buena
fe en la negociación, sino voluntad de llevar la discusión a un extremo que le
provoque al país una imposibilidad de llegar a un acuerdo para, finalmente,
tener que optar el país entre pagar o el default. Se destacaron en este proceso
el Greylock, que aceleró compras de bonos nacionales aprovechando la primera
caída pos-Paso del 12 y 13 de agosto de 2019, para avanzar en más posiciones
luego del 11 de octubre.En aquellos días, el titular del fondo, Hans Humes, blanqueó
su estrategia. En septiembre pasado, en una entrevista para Bloomberg TV,
afirmó que valía la pena “comprar los bonos soberanos de Argentina, ya que la
Nación tiene problemas de liquidez, pero no de solvencia” y que “si no se está
asumiendo una reestructuración de base amplia como en 2005, vale la pena mirar
esos activos”. Greylock es un viejo conocido de la Argentina. Había participado
del proceso de bonos argentinos en default por u$s95 millones con un valor
nominal de u$s68 millones y era además el segundo acreedor de Impsa, el grupo
industrial de la familia Pescarmona. Greylock tuvo cuatro etapas en su relación
de acreedor con el país. La primera fue luego del canje de 2010, cuando fue uno
de los pocos impulsores del segundo lanzamiento de reapertura del canje de los
títulos en default, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner. Luego del
fallo en contra del país de Thomas Griessa se sumó al “juicio del siglo”, y le
reclamó a la Argentina la totalidad de sus tenencias. Después se sumó a la
oferta de abril de 2016 de Alfonso Prat Gay. Finalmente, reapareció en el
segundo semestre del año pasado comprando deuda local en situación complicada.
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